En Europa, la competitividad vuelve a ocupar un lugar central tras los informes Letta y Draghi, que plantean caminos estratégicos para afrontar los retos globales.
En España, la necesidad de avanzar es aún mayor, pero los progresos han sido lentos. El informe «Hacia un Pacto de Estado por la Competitividad», presentado en junio de 2025, propone una hoja de ruta clara y consensuada que va más allá de las demandas sectoriales, buscando un compromiso duradero entre los poderes públicos y el sector privado.
El diagnóstico del informe revela varios obstáculos: una regulación compleja y burocrática que frena la actividad empresarial; una baja inversión en activos intangibles como innovación, propiedad intelectual y marca; y un tejido empresarial atomizado, dominado por pequeñas empresas que dificultan la innovación, la internacionalización y la capacidad para resistir crisis.
Frente a esto, el informe plantea medidas concretas para simplificar la regulación mediante digitalización y ventanillas únicas, fomentar la inversión en intangibles diseñando mecanismos de financiación adecuados e incentivos fiscales, apoyar el crecimiento empresarial reformando umbrales normativos que dificultan el escalamiento, impulsar la adopción tecnológica avanzada, especialmente en las pymes, y desarrollar una política industrial sólida, coordinada y alineada con la estrategia europea de autonomía estratégica.
Pero el desafío principal es político. La coyuntura económica actual es propicia para impulsar un pacto de Estado que garantice reformas sostenidas y ambiciosas, aunque la fragmentación institucional y el contexto político dificultan su concreción. La propuesta exige aunar crecimiento y competitividad con la protección de los derechos laborales y sociales, en una transformación inclusiva y sostenible.
La competitividad no se limita a exportar más o atraer inversión extranjera, sino que requiere construir capacidades propias en sectores clave, invertir en innovación y tamaño empresarial, y diseñar políticas adecuadas al contexto nacional, sin perder de vista el marco europeo. Este trabajo conjunto, sostenido en el tiempo entre empresas, gobiernos e instituciones, es la clave para que España recupere terreno y juegue un rol protagonista en el nuevo escenario competitivo europeo.
El informe invita a un debate público profundo, que transforme el modelo productivo español mediante el consenso y compromiso de todos los actores. La competitividad es una tarea compleja que demanda cooperación, realismo y visión a largo plazo para convertir las propuestas en resultados concretos y duraderos. Este es el gran reto político y social que España debe enfrentar en los próximos años.
