Los países de América Latina y el Caribe se preparan para exigir un pacto social mundial durante la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en noviembre en Qatar, con el objetivo de avanzar en la lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades. Esta iniciativa fue adoptada en la sexta Conferencia Regional sobre Desarrollo Social para América Latina y el Caribe, celebrada recientemente en Brasil, donde también se destacó la necesidad de fortalecer la coordinación y cooperación regionales ante sus grandes desafíos sociales.
Según Almudena Fernández, economista jefe del PNUD para la región, la erradicación de la pobreza y la desigualdad siguen siendo el eje central de cualquier pacto social. Un estudio conjunto de la CEPAL y el PNUD reveló que en 2024 la tasa de pobreza en la región alcanzó su nivel más bajo en décadas (26,8%), y la pobreza extrema regresó a cifras previas a la pandemia, aunque la región aún está lejos de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
La inseguridad alimentaria afecta a 188 millones de personas, coexistiendo en la región la desnutrición con el aumento del sobrepeso y la obesidad, que ha crecido de 6,8% en 2000 a 8,6% en 2022, reflejando una transición nutricional compleja. Además, América Latina y el Caribe continúan siendo la región más desigual del mundo, con solo una ligera reducción en el índice de Gini en los últimos nueve años.
El debate profundizó en la necesidad de sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles, como pilar del desarrollo inclusivo, así como en la urgencia de cerrar la brecha digital para evitar mayor exclusión. La transformación tecnológica y los efectos del cambio climático, especialmente en los pequeños Estados insulares, demandan estrategias adaptadas y resilientes frente a desastres que afectan principalmente a los sectores más vulnerables.
También se abordaron los crecientes flujos migratorios dentro de la región, impulsados por crisis políticas, económicas y desastres naturales. Para enfrentar estos retos, el pacto social mundial propuesto incluirá un llamado a instituciones financieras internacionales y países desarrollados para aumentar el financiamiento destinado a políticas sociales inclusivas, mientras que los países en desarrollo deben fortalecer su institucionalidad fiscal y la transparencia en el uso de recursos.
Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, secretario ejecutivo del ministerio brasileño, cerró la conferencia con un llamado claro: mantener la unidad y el impulso político hacia la cumbre de Doha, así como acelerar las transformaciones sociales en la región para alcanzar un desarrollo más justo e inclusivo.
