Desde julio pasado, Estados Unidos aplicó un arancel del 17% a las exportaciones de tomate mexicano, una decisión que ha obligado al Gobierno de México a buscar alternativas para mitigar el impacto económico y responder a las acusaciones de posibles prácticas de dumping. Estas prácticas consisten en vender un producto por debajo del costo para eliminar la competencia, una acusación que ha sido el núcleo del conflicto comercial entre ambos países.
A principios de agosto, la Administración de Claudia Sheinbaum anunció la implementación de precios mínimos para el tomate fresco de exportación, que oscilan entre 0,88 y 1,7 dólares por kilo, según la variedad. En el decreto oficial, las secretarías de Economía y Agricultura argumentan que estas medidas buscan evitar distorsiones en los precios que podrían derivarse de las ventas a Estados Unidos por debajo de los costos de producción. “El establecimiento de precios mínimos de exportación no tiene como objetivo restringir volúmenes ni fijar precios máximos, sino fortalecer la organización y estabilidad en la industria exportadora de tomate fresco”, señalan las autoridades.
Esta reacción forma parte de una serie de medidas proteccionistas del Gobierno estadounidense que, bajo la administración de Donald Trump, respondió a demandas históricas de agricultores de Florida, Georgia y Carolina del Sur, quienes acusaron a México de prácticas desleales que dañaron sus mercados. La imposición de la cuota compensatoria golpea duramente al sector mexicano, cuyo comercio anual con Estados Unidos supera los 2.800 millones de dólares, siendo EE UU el destino de más del 90% de las exportaciones de tomate mexicano.
El impacto real de estas medidas en el mercado mexicano aún está por verse y ha generado división en la industria. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) apoyó la fijación de los precios mínimos, afirmando que protegerá a más de 400.000 empleos directos en el sector y fomentará una competencia justa y sustentable. En contraste, expertos y algunos productores consideran que la medida fue tomada apresuradamente, sin un consenso real ni garantías claras sobre una posible negociación para eliminar el arancel estadounidense.
La expectativa está en la próxima cosecha, cuando se podrá medir con mayor precisión cómo afectarán las nuevas barreras arancelarias y los precios mínimos a la competitividad del sector tomatero nacional.
