El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, ha solicitado al presidente Donald Trump que utilice las futuras negociaciones comerciales con la Unión Europea para contrarrestar lo que considera regulaciones «asfixiantes» que afectan a las empresas estadounidenses que operan en territorio europeo.
En declaraciones públicas, Woods expresó su preocupación por la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) de la UE, una normativa que entrará en vigor de manera escalonada a partir de 2028 y que exigirá a las grandes corporaciones realizar evaluaciones exhaustivas de sus cadenas de suministro para identificar y abordar impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente.
La posición del máximo ejecutivo de la petrolera estadounidense refleja las tensiones crecientes entre las ambiciones regulatorias europeas en materia de sostenibilidad y los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. Woods argumenta que estas nuevas exigencias normativas crean desventajas competitivas para las empresas estadounidenses frente a sus competidores de otras regiones que no enfrentan requisitos similares.
La directiva europea, aprobada definitivamente en 2024, requiere que las empresas con más de 1,000 empleados y 450 millones de euros en facturación anual implementen sistemas de diligencia debida que abarquen no solo sus operaciones directas, sino también sus cadenas de valor extendidas. Esto incluye la identificación y prevención de violaciones a derechos humanos, trabajo infantil, trabajo forzado y daños ambientales significativos.
Para Woods, estas regulaciones representan una carga administrativa excesiva que podría alejar las inversiones de Europa y crear obstáculos innecesarios para las operaciones comerciales transatlánticas. El ejecutivo considera que la administración Trump debería abordar este tema como una prioridad en las futuras conversaciones comerciales bilaterales con Bruselas.
La posición de ExxonMobil resulta particularmente notable considerando que la empresa ha mostrado en el pasado cierta apertura hacia algunos aspectos de la regulación climática. De hecho, el propio Woods había instado previamente a Trump a mantener a Estados Unidos dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático, argumentando que la participación estadounidense era crucial para el desarrollo de soluciones energéticas globales.
Sin embargo, la directiva europea va más allá de los compromisos climáticos tradicionales, introduciendo obligaciones legales vinculantes que podrían exponer a las empresas a responsabilidades civiles y sanciones financieras significativas. Los críticos de la normativa, principalmente del sector empresarial, sostienen que estas reglas podrían generar costos desproporcionados y crear incertidumbre jurídica.
Por el contrario, los defensores de la directiva argumentan que estas medidas son esenciales para garantizar que las empresas multinacionales no externalicen los costos sociales y ambientales de sus operaciones, especialmente en países con marcos regulatorios más débiles. Organizaciones de derechos humanos y grupos ambientalistas han respaldado la iniciativa como un paso necesario hacia una mayor responsabilidad corporativa.
La controversia surge en un momento de creciente escrutinio sobre las prácticas empresariales globales y en el contexto de una administración Trump que ha prometido revisar las políticas comerciales estadounidenses con un enfoque más proteccionista. La industria petrolera, en particular, enfrenta presiones regulatorias crecientes tanto en Europa como en otras jurisdicciones que buscan acelerar la transición energética.
